El ex Gobernador de Colima, Mario Anguiano Moreno, solicitó al Congreso del Estado iniciar un juicio político contra el ex mandatario Ramón Pérez Díaz, el secretario general de Gobierno Arnoldo Ochoa González, el Auditor Superior Armando Zamora González y el diputado priista Santiago Chávez Chávez.
A través de un boletín de prensa, Anguiano Moreno dijo que los primeros dos servidores públicos son los responsables de la contratación y el uso indebido del crédito de 638 millones de pesos, razón por la que él mismo enfrenta un juicio político. Mientras que los otros dos fueron omisos en el seguimiento del crédito.
Además, el exmandatario presentó una denuncia de responsabilidad admnistriva contra Carlos Arturo Noriega García, actual secretario de Planeación y Finanzas, «por contratar y ejercer los recursos del crédito por 638 millones de pesos» y por su omisión en el seguimiento del mismo.
En ese sentido, manifestó que no obstante de que ellos contrataron y ejercieron el crédito ni el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig) ni la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado presidida por Santiago Chávez señalaron observaciones en su contra.
“Como estamos convencidos de que si el Osafig y la Comisión de Hacienda consideran indebida la contratación y el ejercicio del crédito, entonces las sanciones correspondientes deberán aplicarse a los responsables de ejecutar dichos actos», señala el documento.
El 17 de junio pasado, el Congreso del Estado aprobó iniciar un proceso de sanción administrativa contra Anguiano Moreno y cinco funcionarios más por el desvío de 638 millones de pesos.
Según el Osafig, durante el año 2015 la administración de Anguiano utilizó el crédito para fines distintos a los establecidos en la ley.
Al respecto, Mario Anguiano respondió mediante escrito que el procedimiento en su contra es injustificado porque el referido dictamen «carece de la más mínima lógica y sentido común».
“(El dictamen) es incongruente y adolece de sustento legal, al contener aberraciones que denotan un claro y doloso interés mediático y político”, señaló.
Abundó que el Osafig y los diputados llevaron a cabo el procedimiento en su contra, le declararon públicamente culpable y presentaron propuestas de sanciones sin que garantizarle su derecho de audiencia para exponer sus argumentos y pruebas.
Al respecto, informó que actualmente el Poder Judicial de la Federación analiza una demanda de amparo para que el Osafig le respete su garantía de audiencia y defensa.
En otro punto, consideró que el Órgano de Auditoría «extralimitó sus funciones» porque la instrucción fue revisar el crédito de 638 millones de pesos pero también revisó aspectos del año anterior.
Anguiano Moreno afirmó que «su conducta como servidor público siempre ha sido en el marco de la Ley y que en todo momento confía en que las instancias legales y jurídicas actuarán en este caso ajustando sus actos y resoluciones de manera imparcial y con estricto apego a Derecho».