Es una situación de costo y beneficio. Colima es uno de los estados que más diputados federales tiene (siete en total), en relación a la cantidad de habitantes de la entidad. Cada legislador federal nos cuesta aproximadamente 148 mil pesos mensuales. Es mucho el costo y poco el beneficio.
Es mucho el costo porque no se ve el trabajo de las y los diputados federales, más allá de la resonancia mediática de sus declaraciones. Y es que los legisladores federales sólo consiguieron para Colima 2 millones de pesos de 8 mil 896 millones 264 mil 972 pesos repartibles.
Con esto, Colima será de las entidades más castigadas por el congreso federal en la Asignación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (Fortalece), junto con Baja California Sur (54 millones de pesos) y Campeche (58 millones de pesos).
Es un rubro sensible para la población y de vital importancia para el desarrollo estructural de las zonas metropolitanas del estado, tanto la que conforma los municipios costeros como los aledaños a la capital.
Y es que en este momento se requiere, más que nunca, del recurso financiero que permita generar obras estratégicas para el desarrollo sustentable de las zonas urbanas del estado: se requieren de ciclovías y senderos peatonales que reestructuren la dinámica de movilidad de los municipios, generando una conectividad entre éstos para aminorar el flujo vehicular que va en aumento.
Ha faltado una visión global y una colaboración, entre los ayuntamientos y legisladores federales, que contribuya a mejorar la infraestructura del estado. Se han quedado cortos en este tema.
Dos puntos
El gobierno de Enrique Peña Nieto se ha desdibujado. Sus reformas, a excepción de algunas –como la educativa–, no han generado los resultados que los mexicanos anhelan. Sobre todo, se aprecia un encarecimiento de la vida causado por la inflación, que tiene su raíz en la depreciación del peso. Sin embargo, el presidente puede rectificar el camino si logra construir un alianza con el gobierno de Donald Trump que proteja los intereses de los mexicanos, principalmente los entrañados en el tratado de libre comercio y que permiten un crecimiento del 2 por ciento en el producto interno bruto.