A cambio de las casi 7 hectáreas que el fraccionamiento exclusivo Altozano debió ceder al Ayuntamiento de Cuauhtémoc, la administración encabezada por la perredista Indira Vizcaíno Silva aceptó un predio en otra zona con un valor comercial diez veces inferior, lo que representó un daño a la hacienda pública por 93 millones de pesos.
Esta tarde el Congreso del Estado de Colima aprobó el punto de acuerdo presentado por el panista Alejandro García Rivera para que el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig) investigue el caso puesto que el daño equivale al presupuesto anual del municipio.
En tribuna, García Rivera explicó que en noviembre de 2009 se publicó en el Periódico Oficial del Estado la autorización del Programa Parcial de Urbanización Altozano con una superficie de 155 hectáreas, de las cuales siete corresponden al área que por ley debe cederse al Ayuntamiento para equipamiento urbano.
El 8 de marzo de 2013, a propuesta de Vizcaíno Silva, el Cabildo de Cuauhtémoc aprobó sustituir las áreas de cesión por otras de igual valor.
Cuatro días después, la alcaldesa Indira Vizcaíno, el síndico Juan Manuel Preciado Barbosa y la secretaria municipal Ana Bertha Zamora Prieto firmaron el convenio de sustitución con la empresa Invercol S.A. de C.V., representada por Francisco Brun González.
En el documento se estableció que el valor de las siete hectáreas fue de 10 millones 752 mil pesos, según el avalúo practicado por José Luis Aguirre Ávalos.
Sin embargo, el avaluador hizo el cálculo como si se tratara de un predio agropecuario cuando debió considerarse el valor comercial tomando en cuenta que se trata de una zona urbanizada.
Aún así, el gobierno de Indira Vizcaíno recibió de Invercol tres predios colindantes en la colonia San Jerónimo para construir el nuevo recinto ferial.
El precio del metro cuadrado en esta zona es de apenas 154 pesos frente a los 1 mil 500 pesos que cuesta en Altozano.
«Estamos hablando de un subprecio de los terrenos donados de 1 mil 346 pesos por metro cuadrado, que al hacer la multiplicación por los 69 mil 515 metros cuadrados, nos da una subvaloración por un posible daño patrimonio a la hacienda municipal por 93 millones 576 mil 190 pesos», acusó el legislador panista.
El diputado agregó que no existen registros de que los tres predios fueron incorporados al municipio ni «escrituras que amparen la propiedad» de los mismos.
Aseguró que el Osafig detectó esta anomalía pero «extrañamente desapareció del Informe de Resultados de la Auditoría de la Cuenta Pública».
«De verdad es sorprendente lo que le generaron al municipio de Cuauhtémoc. Es más de lo que tiene de presupuesto (anual).
«Es una práctica muy regular de las constructoras: primero donan la parte que por ley les exigen donar, pero una vez que urbanizan y construyen obviamente aumentan el valor, y generan un acuerdo en lo oscurito en donde lo cambian por un terreno, en este caso, diez veces menor su precio», agregó.
Al respecto, la diputada de Movimiento Ciudadano, Leticia Zepeda Mesina, consideró que este caso representa «una rayita más al tigre».
«Necesitamos saber en qué paro todo eso. ¿Qué dirán los cuauhtemenses que se vieron afectados? ¿Qué dirán si se confirma que fue un agravio a la hacienda y un acuerdo en lo oscurito?», manifestó la legisladora.
El punto de acuerdo fue aprobado por los diputados independientes, PAN, Movimiento Ciudadano y el priista Octavio Tintos. El resto de los diputados del PRI no votó.
Actualmente Indira Vizcaíno es secretaria de Desarrollo Social en el Estado de Colima bajo el gobierno del priista Ignacio Peralta Sánchez, razón por la que enfrenta un proceso de expulsión del PRD.