El actual Coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Colima, Fernando Cruz García, es uno de los 282 aviadores que detectó el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización (Osafig) en la administración del ex Gobernador Mario Anguiano Moreno.
Según la auditoría excepcional al último trienio de Anguiano, el Osafig comparó las nóminas del Gobierno del Estado con las del magisterio estatal y federal correspondientes al periodo 2013-2015.
El análisis de la documentación arrojó una suma de casi 300 sujetos que cobraron más de un salario sin devengar o cuyos horarios se cruzaban, lo que hacía imposible que trabajaran en dos o hasta tres lugares al mismo tiempo.
Uno de ellos es Fernando Cruz que apareció tanto en la nómina de la Dirección de Educación Pública como en la Coordinación de Comunicación Social. En el primero con un horario de 8:30 a 10:30 de la mañana y en el segundo de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde.
En su cargo educativo, el actual vocero del Gobernador Ignacio Peralta cobró 141 mil 944 pesos por los tres años, mientras que para el otro puesto recibió 980 mil 843 pesos.
En la lista también figura el ex secretario de Educación, Guillermo Rangel Lozano, con tres salarios: 227 mil pesos como supervisor de secundaria, 827 mil como comisionado del SNTE 39 y 1.6 millones como secretario de Educación.
También aparece el ex delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y suplente del diputado Federico Rangel Lozano, Ernesto Pasarín Tapia. En la escuela «Mario Anguiano» le pagaron 118 mil pesos, mientras que en el bachillerato pedagógico le pagaron 256 mil pesos.
Otro nombres es el de Evelia Guadalupe Pinto Torres, hermana del diputado federal de Nueva Alianza Javier Pinto Torres. Ella cobró 457 mil pesos en una primaria y 733 mil pesos en otra.
También se detectó que Martín Flores Castañeda cobró 2.5 millones de pesos como jefe de departamento del Gobierno del Estado, al mismo tiempo que fungía como diputado local.
Su hermano Leonardo Flores Castañeda cobró 937 mil pesos como «jefe de grupo». Aunque ambos estaban comisionado al Sindicato del Gobierno del Estado, «no se exhibió lugar de adscripción, oficio de comisión y soporte documental» que sustentara su actividad laboral.
Al respecto, el Osafig únicamente propuso al Congreso del Estado solicitar al Gobierno del Estado «procedan a la instauración de un procedimiento de revisión, verificación o compulsa de los trabajadores observados, a efecto verificar y en su caso, sancionar administrativa y económicamente a los trabajadores y funcionarios que recibieron y generaron pagos no devengados».