El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig) reportó que el ex Gobernador de Colima, Mario Anguiano Moreno —en complicidad con su secretaria de Finanzas y Administración, Blanca Isabel Ávalos Fernández— desvió 66 millones 800 mil pesos a sujetos desconocidos y a trabajadores del propio gobierno.
De acuerdo al informe de las cuentas públicas 2015, el Osafig detectó que en mayo de ese año el Gobierno del Estado de Colima transfirió 17 millones de pesos a una cuenta de Banbajío y 49.3 millones de pesos a otra cuenta de Banorte.
A su vez, se encontró que a través de la cuenta de Banbajío:
- Se entregaron 11 cheques por un monto de 9 millones de pesos a Isaac Martínez Vázquez, director del Sistema Estatal de Financiamiento para el Desarrollo del Estado de Colima (Sefidec).
- Se transfirieron 4 millones de pesos a una cuenta de Sefidec, la cual a su vez entregó cuatro cheques de 1 millón de pesos a sujetos no identificados.
- Se expidió un cheque de 2 millones de pesos a un beneficiario no identificado.
- Se expidió un cheque de 2 millones de pesos a Josefina Carrillo Llerenas, supervisora de la Secretaría de Seguridad Pública.
Desde la cuenta de Banorte se detectaron los siguientes movimientos:
- Se expidieron 23 cheques por 35.5 millones de pesos en favor de Héctor Hugo Quintero Munguía, jefe de la Policía Estatal Preventiva.
- Se expidió un cheque por 1 millón de pesos en favor del Sefidec.
- Se expidió un cheque por 1 millón de pesos en favor de el Gobierno del Estado.
- Se expidieron dos cheques —uno por 1 millón y otro por 1.5— desconociéndose el beneficiario.
- Quedó sin identificar el destino de 9.8 millones de pesos.
Blanca Ávalos justificó que en diciembre de 2014 Anguiano Moreno autorizó 65 millones de pesos para la contratación de un Sistema de Armonización Contable.
Según la ex funcionaria, en enero del mismo año se firmó el contrato entre el Gobierno del Estado y la empresa Soluciones en Servicios CYPEC S.A. de C.V. por un monto de 57.5 millones de pesos.
Sin embargo, el Osafig descubrió que el domicilio fiscal de la empresa corresponde a una finca deshabitada en Monclova, Coahuila.
La citada empresa fue encontrada en un domicilio de Monterrey pero «la persona ahí localizada no reconoció las facturas ni la relación contractual con el Gobierno del Estado de Colima«.
En ese sentido, el Osafig concluyó que Mario Anguiano y Blanca Ávalos simularon actos jurídicos para disponer de recursos públicos a fines distintos de su objeto público.
El órgano propuso al Congreso del Estado que ambos resarzan los 66.8 millones de pesos y sean inhabilitados por 14 años para ocupar cargos públicos.
Para Isaac Martínez se sugiere inhabilitación por diez años y una sanción de 9 millones de pesos; para Hector Quintero inhabilitarlo por el mismo periodo y una sanción de 35.5 millones de pesos; y para Josefina Carrillo el mismo periodo de inhabilitación y una sanción de 2 millones de pesos.