Monsanto, Syngenta, Bimbo, Grupo Higa y Goldcorp se encuentran entre las empresas que violan derechos humanos en México, acusan organizaciones civiles.
Mediante un informe, alrededor de 100 organizaciones no gubernamentales (ONG) documentaron 61 casos de abusos perpetrados por 99 empresas, la mitad de las cuales implicaron intimidaciones y amenazas contra sus opositores.
Las organizaciones denunciaron a 41 empresas extranjeras, 50 mexicanas y ocho paraestatales por los impactos negativos de sus megaproyectos en los sectores de la minería, construcción, extracción de hidrocarburos y proyectos eléctricos o agroindustriales.
En la mayoría de los casos expuestos, las víctimas de violaciones a sus derechos son las poblaciones indígenas.
Según el documento, detrás de los proyectos con mayores afectaciones a los derechos humanos se encuentren filiales de los gigantes mexicanos como Grupo Hermés, de Carlos Hank Rhon; Grupo Higa, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú; Grupo Carso, de Carlos Slim; Grupo Bal, de la familia Bailléres; o Grupo México, de Germán Larrea.
También se menciona a la empresa alemana Heckler & Koch, la cual envió ilegalmente armas a México, que fueron usadas por policías de Iguala en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Asimismo aparece la gigante canadiense de la minería Goldcorp, así como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Pemex y Mexichem.
Respecto a la industria de los transgénicos se mencionan a Monsanto, Bayer, Syngenta o Dow Agrosciences, vinculados a la siembra de soya transgénica en la península de Yucatán y a la comercialización de semillas de maíz transgénico en el país.
Grupo Bimbo también fue acusado por las organizaciones- específicamente por Greenpeace- ya que la materia prima de sus productos, indican, proviene de los campos de la agroindustria, la cual utiliza 30 plaguicidas “altamente tóxicos”, prohibidos en otros países, pero legales en México.
“En México, la influencia corporativa se observa en todos los niveles del gobierno, debilitando los procesos de protección y cumplimiento de los derechos humanos a favor de los intereses empresariales”, advirtieron las ONG.
Además, señalaron que en la mayoría de los casos autoridades estatales y federales están coludidas con autoridades ambientales -secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y la Comisión Federal para la Prevención contra los Riesgos Sanitarios (Cofepris) – en la violación de derechos humanos.
De acuerdo con el informe, las “actividades empresariales depredadoras” suelen afectar en primer lugar el derecho a la tierra y el territorio a través de la expulsión de poblaciones; el derecho a la información, pues realizan procesos de consulta amañados y el derecho a un medio ambiente sano.
Las organizaciones lamentaron que la justicia no ofrece la posibilidad a las comunidades a oponerse a un megaproyecto debido al “desequilibrio de fuerzas” en los litigios, los cuales pueden extenderse durante años y requerir de importantes recursos.
También denunciaron que “México es uno de los países más peligrosos para la defensa de los derechos humanos”, en particular, para los defensores ambientales.
Finalmente, instaron al gobierno de México a enfatizar sobre el control y la regulación de los sectores empresariales “relacionados con proyectos de gran escala y de la industria extractiva”, además de castigar los responsables de las vejaciones.
(Con información de Proceso)