Vecinos de la colonia Fovisste Villa Izcalli, respaldados por la delegada del PRD en Colima Martha Zepeda del Toro, presentaron recursos de responsabilidad contra la jueza Ernestina Arroyo Brizuela y el actuario Javier García Cuenca por autorizar y ejecutar los desalojos de sus viviendas.
«Actuaron de manera indebida porque no se les permitió a todos estos vecinos participar en la diligencia, no se los corrió copias de traslados, no se asentó que había poseedores que motivara que la juez los llamara a juicio o que se presentaran acciones reivindicatorias que correspondían», explicó la perredista al exterior del Supremo Tribunal de Justicia de Colima.
Zepeda del Toro consideró que existen indicios «que hacen presumir que hubo un actuar ilegal donde están traficando influencias«.
Agregó que en los desalojos del 27 de junio, el actuario no les permitió a los vecinos expresarse ni oponerse, con lo cual incumplió la ley.
Indicó que los diez magistrados del Supremo Tribunal deberán conocer y estudiar el caso para, en su momento, aplicar sanciones administrativas o separar del cargo a ambos funcionarios.
Por otro lado, invitó al Gobernador Ignacio Peralta Sánchez y al secretario de Gobierno Arnoldo Ochoa González a ser «conciliadores justos» entre los vecinos y la constructora que busca apoderarse de las viviendas.
Subrayó que existe un contrato de compra-venta firmado hace más de 20 años entre una constructora y los habitantes, cuyo precio debe respetarse hoy con la nueva empresa.
«Porque pagar 350 mil pesos en un precio excesivo que no corresponde con el valor real de las casas. Si han tenido mejoras (las casas) es porque ellos le han invertido. Aprovechan una circunstancia abusiva de confabulación para presionarlos y que acepten una negociación de este tipo», denunció.
«Si hay un precio justo, entonces se aceptará la oferta. Ya existe contrato únicamente falta su cumplimiento», puntualizó.