Por hacer un uso indebido de la deuda pública, el ex Gobernador de Colima Mario Anguiano Moreno y cinco funcionarios más podrían ser sancionados económica y administrativamente por el Congreso del Estado de Colima.
De acuerdo al Informe del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig), durante el año 2015 el gobierno del priista Anguiano utilizó un crédito por 638 millones de pesos para fines distintos a los establecidos en la ley.
El Órgano precisa que la deuda pública, autorizada el 21 de septiembre por el Congreso del Estado de Colima, no se invirtió en infraestructura pública productiva como lo planteó Anguiano Moreno en su iniciativa. Además, no existe evidencia del destino de 12.5 millones de pesos.
El informe señala que el ex mandatario utilizó los 638 millones de pesos para el gasto corriente como el pago de nóminas, materiales, suministros y otras transferencias, en lugar de destinarlo a obras productivas como obras públicas, adquisición de maquinaria y proyectos de infraestructura.
También se determinó que los servicios de deuda (las comisiones y los intereses bancarios) ascienden a 69 millones de pesos, lo que representa un perjuicio a la hacienda pública estatal.
Por tales motivos, el Osafig propuso las siguientes sanciones:
- Al ex Gobernador Mario Anguiano: inhabilitarlo 14 años de cargos públicos y sanción económica directa por 707 millones de pesos.
- Al ex secretario de Gobierno Rafael Gutiérrez Villalobos: inhabilitarlo por 6 años y sanción económica subsidiaria por 707 millones de pesos.
- A la ex secretaria de Finanzas Blanca Isabel Ávalos Fernández: inhabilitarla por 10 años y sanción administrativa por 707 millones de pesos.
- A la (aún) directora general de Egresos, Adriana Vargas Valle: inhabilitarla por 10 años y sanción administrativa por 638 millones de pesos.
- Al director de Presupuesto, Jorge Anguiano Olmos: inhabilitarlo por 10 años y sanción administrativa por 638 millones de pesos.
- Al coordinador general de Egresos, Ricardo Arteaga González: inhabilitarlo por 6 años y sanción económica directa por 12.5 millones de pesos
El Osafig considera que los citados servidores públicos presentaron información falsa en la iniciativa que entregaron al Congreso del Estado. Además, Artega González canceló el registro contable de los 12.5 millones de pesos.
El documento, firmado por el Auditor Superior Carlos Armando Zamora González, informa que presentarán una denuncia de hechos ante el Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
En tanto, corresponderá al Congreso del Estado de Colima aprobar las sanciones administrativas y económicas propuestas por el Osafig.