La nueva Ley de Transparencia del Estado de Colima, en general es positiva, pero no deja de ser paradójico que ésta haya sido aprobada en condiciones de opacidad. De última hora, sin un amplio debate de por medio y sin dar a conocer detalles, los legisladores sancionaron un marco normativo fundamental para darle oxígeno a nuestra democracia.
El debate entre los actores políticos estuvo ausente. Ignacio Peralta hizo una propuesta y el PAN otra, y al final de cuentas no sabemos si la nueva ley está inspirada en una de esas dos iniciativas o es un híbrido, y en éste último caso, no sabemos qué elementos se dejaron de lado y cuáles se adoptaron ¿De qué nos perdimos y qué ganamos en el proceso de negociación?
Una ley de esta importancia merecía otro tratamiento. Los medios de comunicación no aportaron información pero los diputados tampoco se esforzaron en hacer el tema de interés público, como cuando quieren mediatizar un tema para ganar en show. Y a diferencia de aquellos asuntos donde se quieren lavar las manos, tampoco hubo foros públicos. Las cámaras empresariales, las asociaciones profesionales y civiles también estuvieron ausentes ¿Qué pasó con Cómo Vamos, Colima?
Pero tal vez hable desde el desconocimiento y esta ley fue nutrida con debates, negociaciones y ejercicios de participación ciudadana. Y si fue así, se hizo tras bambalinas, y entonces mis inquietudes no dejan de ser válidas ni preocupantes.
Habrá quien diga que todo esto es parte de la inercia y la cultura política incrustada en Colima, y creo que por ello es aún más interesante la nueva ley, porque con los instrumentos que ofrece, quizás nuestra indiferencia hacia los asuntos públicos pueda cambiar, y tal vez, en el mejor de los escenarios, entre la transparencia y el uso de la información, la conducta de los políticos pueda ser diferente.
Habrá que reconocer y aplaudir los esfuerzos de un conjunto de ciudadanos que agrupados en organizaciones sociales, empujaron la reforma nacional en transparencia, porque gracias a eso, hoy los legisladores locales se vieron obligados a adecuar las normas de nuestro sistema político a un tiempo que parece no se adaptan.
A la élite política local habrá que reconocerle su gran capacidad de humor y autocrítica involuntarios. Al desechar la obligatoriedad de publicar la declaración patrimonial de los servidores públicos por el contexto de seguridad, el Procurador y los legisladores están aceptando que en Colima tendremos inseguridad para rato.