Contrario a lo que declaró el Gobernador de Colima, Mario Anguiano Moreno, los 33 indígenas de Ayotitlán liberados sí apoyan a su abogado Eduardo Mosqueda Sánchez, quien permanece preso desde el 22 de julio pasado.
El viernes pasado al regresar al juzgado de Colima para firmar documentación relacionada a su libertad otorgada el 30 de julio, los 33 campesinos jaliscienses clamaron justicia para Eduardo Mosqueda.
Mosqueda Sánchez es el único de los 34 detenidos que aún permanece preso, luego de la manifestación que realizaron decenas de personas en las instalaciones del consorcio minero Benito Juárez-Peña Colorada en la zona limítrofe entre Jalisco y Colima.
En la protesta, los indígenas y el abogado exigían a la minera el pago de mil millones de pesos correspondientes a las regalías por la explotación de su tierra durante los últimos 50 años.
Por esta razón, el Gobierno de Colima detuvo a 34 manifestantes y los acusó por los delitos de despojo, daños y privación ilegal de la libertad de personal de la empresa.
Unos días después, Anguiano Moreno retiró los cargos a los 33 indígenas, tras un diálogo que sostuvo con su homólogo de Jalisco, Aristóteles Sandoval, quien además pagó la fianza por su liberación.
El mandatario colimense afirmó que los ejidatarios de Ayotitlán desconocieron a Mosqueda Sánchez como su abogado y reconocieron lo «incorrecto» de su manifestación presuntamente incitada por él.
«Los ejidatarios son gente buena, de buena voluntad, desafortunadamente mal orientados se concentran en algún área, incitados por un pasante de abogado, toman a algunas personas de Peña Colorada en la caseta y las privan de su libertad y presionan a la empresa», dijo Anguiano Moreno a los medios el 31 de julio pasado.